Canarias, la verdad del paraíso

La pandemia vírica ha destrozado la economía de Canarias. O mejor dicho: ha terminado de hundirla. Durante muchas décadas, la única industria socialmente operativa y rentable en el archipiélago (para unos más que para otros) era el turismo. Después de dos temporadas de control de viajeros, restricciones de movilidad, toques de queda, cierre forzoso de establecimientos, expedientes de regulación temporal de empleo, etc, el panorama resulta desolador, con perdón por el lugar común pero no se me ocurre otro sintagma que describa mejor la situación.

Al día de hoy, el principal problema al que se enfrenta la ciudadanía en este rincón del Atlántico es, sin duda, el desempleo. Los datos macro de la Encuesta de Población Activa, hablan solos: un 24’7% de paro. Para los amantes de “visibilizar” los números conforme al “género”, detallamos: el 24’1% de los hombres están sin trabajo, mientras que las mujeres llegan a un 25’4%.

El segundo problema no parece tan inmediato aunque nos sitúa en una perspectiva de mayor gravedad: cómo va a recomponerse la economía en estas condiciones. El bajón del turismo, con práctica ausencia de visitantes internacionales en 2020 y ligero aunque muy insuficiente repunte en 2021, ha repercutido, como es lógico, en el resto de actividades económicas relacionadas y que son (eran) el nervio y el alma de la creación de riqueza en esta comunidad autónoma. Hablamos no sólo del alojamiento, restauración y ocio, sino de dinámicas medulares asociadas al fenómeno principal turístico: alquiler de vehículos, transporte (por aire y mar, inter-islas), alquileres estacionales de vivienda, consumo de productos de primera necesidad, actividades culturales/deportivo/recreativas… A título de ejemplo podemos echar un vistazo al sector de renta de vehículos, en Tenerife. Este negocio, tan potente en otras épocas, se ha venido debajo de manera escandalosa. Entre 35.000 y 40.000 automóviles fueron aparcados, al principio de la pandemia, en solares próximos a los aeropuertos Reina Sofía y Los Rodeos, en espera de una vuelta a la normalidad que nunca se produjo. Tras año y medio de agonía, las empresas del sector se han desprendido de la mayor parte de su flota, los precios del alquiler han subido hasta porcentajes que bordean el 150% y las plantillas se han reducido al mínimo. Lo mismo ha sucedido en sectores como la aviación y las navieras. Todo lo que se mueva y lleve personas de un lado a otro, salvo rebrotes estacionales, está condenado al vacío y la intemperie. Esperemos que no al polvo del olvido.

A pesar de lo dramático de las circunstancias, tanto el gobierno autonómico como las autoridades del Estado han mantenido un discurso coyuntural más o menos optimista, la ficción de un próximo y venturoso regreso a la “normalidad”; algo que no llega a verificarse por causas, según ellos, impredecibles e incontrolables, seguramente por culpa de los jóvenes que hacen botellón y los irresponsables que van sin mascarilla por la calle.

Nadie dice la verdad a los habitantes isleños. Los poderes públicos siguen tratándolos con insoportable condescendencia, como a niños a los que se puede consolar con la promesa de un futuro radiante aunque lejano. Nadie ha descrito y mucho menos abordado el problema con la claridad y firmeza que exige el fenomenal descalabro económico y social que sufre actualmente el archipiélago. Hablar de “recuperación” económica, bajo estas condiciones, es como velar festivamente a un cadáver porque alguien ha prometido que tarde o temprano resucitará. Nadie se plantea cómo empezar en serio el restablecimiento de una economía posible, no ideal, no sujeta a imaginaciones sobre el futuro. Todos los agentes sociales y económicos, los poderes públicos y la dirigencia autonómica están empeñados en que el regreso a la normalidad se producirá cuando la pandemia remita, como si un incómodo paréntesis hubiese caído en las vidas de los ciudadanos, una “mala época” que va a superarse en cuanto se acabe el virus. Nadie ha explicado que la economía es un ente orgánico, un todo disforme y continuo (de algo debería servirnos la experiencia de 2008), que no puede recuperarse por sectores sino de forma relacional y armónica; nadie ha tenido el valor de decir a la población, abrumada por el deterioro brutal de sus condiciones de vida, que un empleo tarda diez minutos en destruirse y puede tardar diez años en volver a crearse; nadie tiene el coraje de explicar que la inmensa mayoría de los empleos mantenidos en precario con los ERTEs, son puestos de trabajo que desde hace mucho ya no existen. Aquí, habrá que volver a decirlo, nadie dice la verdad.

La gestión de la pandemia por parte de la autoridad autonómica ha sido y está siendo nefasta. Partimos de la base, desde luego, de que luchar contra una epidemia planetaria desde el “nivel autonómico” es un disparate, un delirio caprichoso y no poco oportunista que sólo cabe en las cabezas de quienes actualmente mandan en España. Aun así, podían haberse hecho las cosas con algo más de criterio, de rigor y previsión. Aunque eso parece demasiado pedir a la casta política insular.

En el presente (agosto de 2021), nos encontramos en Canarias con una incidencia del virus superior a los peores meses de 2020.

En un intento desesperado por salvar la campaña veraniega, el gobierno autonómico estableció unas normas para viajeros visitantes absolutamente descabelladas: los menores de doce años, los que hubiesen padecido la enfermedad previamente y los vacunados con una o dos dosis, quedaban exentos de presentar negativos de PCR o test de antígenos para entrar en Canarias. En la práctica, esto ha significado “barra libre” para todos, entre otras razones porque a los viajeros que iban llegando sin las pruebas reglamentarias no se les enviaba de vuelta, sino que se les conminaba a realizarlas en un plazo de 72 horas. El resultado está en las primeras páginas de todos los periódicos y en las cabeceras de los informativos. No hace falta decir que la temporada de verano se perdió, de todas formas.

Este proceder es muy propio de nuestras élites autonómicas. El sentido patrimonial, genealógico, que tienen sobre el ejercicio del poder y la gestión de los asuntos públicos en esta parte del mundo, les ha llevado a adoptar proposiciones disparatadas, a menudo antojadizas, delirantes en algunos momentos. Desde que el insensato presidente del gobierno español puso la lucha contra el Covid en manos de las autonomías y los tribunales de justicia, el mandarinato canario emprendió una especie de cruzada gremial para probar el temple de su poder y demostrar quién manda más en las islas: ellos o los jueces. Sólo así se entiende que en pleno y tumultuario ascenso de los contagios, con las UCIs al borde del colapso y la mayoría de los municipios de las grandes islas (Tenerife y Gran Canaria) en alerta roja, se empeñasen una y otra vez en un pulso absurdo contra el poder judicial, pugna de despachos cuyo objetivo consistía, nada menos, en imponer el toque de queda nocturno; una medida tan insuficiente como innecesaria porque al día de hoy, en Canarias, a partir de las 21’00-21’30 h. (las diez y media en la península), las calles están tan vacías como los bolsillos de quienes encuentran refugio y consuelo en sus domicilios.

Así son los que mandan en esta parte de España. Y no crean que el talante varía mucho en función de la adscripción política de cada cual. En Canarias, más que diferencia entre partidos hay distancia entre intereses y la manera de gestionarlos. El nacionalismo tradicional o de nuevo cuño, el socialismo, la podesmia y demás ingenios, hunden su razón doctrinal y sus programas de acción en una necesidad previa a cualquier posicionamiento ideológico: cómo hacer las cosas “desde Canarias”. Ese requerimiento original los iguala por el rasero de lo vernáculo, lo “propio” enfrentado a “lo exterior”, y da un tizne endogámico, de orgullo castizo y paternalismo solariego (no escribo “colonial” por no ofender) a nuestras élites.

Esas mismas élites que llevan décadas reproduciendo la imagen decimonónica del político regional que “va a Madrid” para exigir lo suyo y lo de los suyos, también llevan muchas décadas mostrando su incapacidad para, siquiera, empezar a plantearse soluciones posibles a las carencias endémicas en el archipiélago. El negocio les funciona de todas maneras porque a la mayoría de la población (sus votantes), se le ha imbuido un imaginario oceánicamente ilusorio, escandalosamente deformado de la realidad peninsular y sobre el sentido de la nación y el Estado. Para muchos canarios y la mayoría de los nacidos en las islas menores, el principal problema es construirse una vida fuera de su lugar de origen; y el político, el que va a Madrid a cantarle las cuarenta a los que mandan en la península, representa la sublimación de ese anhelo. Si ellos, que son los que saben, los que conocen, dicen que las cosas son así y de tal manera deben hacerse… Así será.

De tal manera, con el tiempo como aliado, esta convicción sobre el cisma existencial entre islas/península, así como la perentoria necesidad de políticos que sepan manejarse en la corte, ha calado profundamente en el ideario colectivo. Se asume esta realidad como un connato inevitable, y se vive, por tanto, al acomodo de la clase política más gaseosa y sutil de España. Y la que mejor cuida de sus propios intereses.

Mientras, la población canaria sufre los efectos no sólo de la tremenda crisis económica, de la pandemia y sus percances añadidos, sino, también (y esto es ya para pensarlo en serio), de una paulatina y por el momento incesante pudrición social. Porcentualmente, estamos a la altura, en tráfico y consumo de drogas (cannabis y cocaína), de comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía. En alcoholismo no nos quedamos atrás. En familias desestructuradas y en riesgo de exclusión social, se mantiene el mapa fijo. Si añadimos al paisaje la prevalencia de enfermedades “conductuales” como la obesidad mórbida (en vanguardia), trastornos mentales, violencia en el seno de la familia, delitos relacionados con la conducción de vehículos bajo efectos del alcohol y/o estupefacientes… El resultado no es nada esperanzador.

Por supuesto, el asunto de la inmigración ilegal y sus secuelas sociales merece capítulo aparte, otro artículo bastante más largo que el presente. Sólo adelanto un dato: en los primeros cuatro meses de 2021, el número de inmigrantes llegados en pateras a las costas canarias se incrementó un 133’9% respecto al año anterior. No son muchísimas personas, a pesar de lo llamativo de los datos y las imágenes que suelen aparecer en los informativos. Los pasajeros de cayuco tienen muy claro que vienen a Canarias para intentar el salto a la península y la UE, y el total de controlados, en el período de referencia, fueron 4.411. Sin embargo, hay una crudelísima realidad tras estas cifras, ya digo que no muy aparatosas: ¿tienen las autoridades españolas e isleñas remota idea, aproximada noción de cuántas de estas personas acaban convirtiéndose en narcoesclavos, sometidos a las mafias de la cocaína, de los traficantes de seres humanos, de la explotación de menores, de la trata de blancas…?

Lo dije antes: este asunto merece capítulo aparte.

Un artículo largo y documentado que aparecerá en esta misma sección, cualquier día de estos.




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